Lo que pasó no puede quedar así. Y no tiene por qué: la Administración responde.

Negligencias en la sanidad pública, caídas en la vía pública, daños por resoluciones o servicios que funcionaron mal. La responsabilidad de la Administración es objetiva: no hace falta culpa de nadie en concreto, hace falta probar tres cosas.

Los tres elementos

Un daño efectivo y evaluable que no tengas el deber de soportar, el funcionamiento — normal o anormal — de un servicio público, y la relación de causalidad entre ambos.

Donde se ganan estos pleitos

En la pericia. En daño sanitario, la historia clínica y el informe pericial médico deciden el caso: pérdida de oportunidad, retrasos diagnósticos, consentimientos informados defectuosos. Trabajamos con peritos de cada especialidad según el asunto. El daño se cuantifica con criterios objetivos — el baremo de tráfico como referencia en daños personales — sumando secuelas, días, gastos y lucro cesante.

1 año

Plazo desde el hecho dañoso o desde la curación o determinación de las secuelas.

Silencio

Si la Administración no contesta, se entiende desestimado y se abre la vía contenciosa. No es el final del camino: es el siguiente paso.